28 de junio de 2016
CORTE CONSTITUCIONAL LIMITA INTERVENCIÓN DE VÍCTIMAS ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN DE PENAS
En sentencia C-233 de
2016 en estudio de los artículos 459, 472 y 478 de la Ley 906 del 2004, sobre
ejecución de penas y medidas de seguridad la Corte Constitucional no permite la
intervención de las víctimas en esta fase procesal y limita los derechos de los
ofendidos para debatir los subrogados concedidos a los condenados por el Juez
de Ejecucion de Penas.
Según la Corte:
“Esta Corporación declarará exequibles los apartes
demandados de los artículos 459, 472 y 478 de la Ley 906 de 2004, luego de
concluir que respecto de los mismos no se configura una omisión legislativa
relativa por haber excluido a las víctimas del injusto penal de intervenir en
la fase ejecución de la sentencia y presentar recursos contra las decisiones
que adopte el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con
los mecanismos sustitutos de la pena privativa de la libertad. Lo anterior
porque el legislador cuenta con un amplio margen de configuración para regular
la fase de ejecución de la sentencia, como en efecto lo hizo sin vulnerar los
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación que le asisten a las
víctimas, ni la igualdad ante los tribunales ni el acceso a recursos efectivos.
Además, éstas pueden ser representadas de forma indirecta por el Ministerio
Público en dicha fase, quien tiene la obligación legal de velar por los
intereses de las víctimas”
EL JUEZ PENAL PUEDE DECRETAR PRUEBAS DE OFICIO EN EL INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL.
En sentencia de abril de 2016 la CSJ
Sala Penal deja claro que el incidente de reparación integral es un trámite
eminentemente civil, de allí que en virtud de ello el Juez penal puede decretar
pruebas de oficio en esta etapa procesal y la incorporación y valoración de la
prueba se realiza a través de las normas del Código de Procedimiento Civil y Código
General del Proceso.
22 de abril de 2016
21 de abril de 2016
TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN EN DELITOS TRAMITADOS BAJO EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ES DE 3 AÑOS.
En sentencia de febrero de 2016 la CSJ Sala Penal que
el termino prescriptivo de 5 años del artículo 86 del Código Penal aplica para
delitos tramitados bajo la Ley 600 de 2000, en cambio el término prescriptivo
de 3 años consagrado en el artículo 292 de la Ley 906 de 2004 aplica para
delitos tramitados bajo el sistema penal acusatorio.
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Artículo 86 Código Penal, modificado por la Ley 890 de 2004.
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Artículo 292 de la Ley 906 de 2004.
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Interrupción y suspensión
del término prescriptivo de la acción.
La prescripción de la acción penal se
interrumpe con la formulación de la imputación.
Producida la interrupción
del término prescriptivo, éste comenzará a correr de nuevo por un tiempo
igual a la mitad del señalado en el artículo 83. En este evento el término no
podrá ser inferior a cinco (5) años, ni superior a diez (10).
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Interrupción de la
prescripción. La
prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de la
imputación.
Producida la interrupción
del término prescriptivo, este comenzará a correr de nuevo por un término
igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal. En este
evento no podrá ser inferior a tres (3) años.
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Dice la Corte:
En ese orden de ideas, en la
Ley 906 de 2004, el lapso prescriptivo comienza de nuevo, una vez se ha
producido la interrupción, por un tiempo igual a la mitad del señalado en el
artículo 83 del Código Penal, sin que pueda ser menor a los tres (3) años, de
manera que los cinco (5) años a los que alude el inciso 2º del artículo 86 de
dicho estatuto solo es relevante para los asuntos de la Ley 600 de 2000.
9 de abril de 2016
PROHIBIR LA SOLICITUD E INTERROGATORIO DIRECTO DE TESTIGOS COMUNES A LA DEFENSA LESIONA SU DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y CONTRADICCIÓN
La CSJ Sala Penal en sentencia
con ponencia del magistrado Eugenio Fernández Carlier deja en claro uno de los
temas más debatidos en los últimos lustros, lo referente a los testigos comunes
entre fiscalía y defensa.
La Corte establece que
es posible que un mismo testigo pueda servir para fundamentar la teoría del
caso de la defensa y la fiscalía, y estas circunstancias no le es dable al
Juzgador limitar los derechos de las partes y prohibir el interrogatorio
directo por parte de la defensa de los testigos comunes, ello porque vulnera principios
fundantes del debido proceso, contradicción e igualdad de oportunidades.
Dice la Corte:
Negarse
el interrogatorio directo al fiscal y a la defensa para dejarlo exclusivamente
a uno de ellos por haber solicitado el testimonio en primera oportunidad, sin
aplicar los criterios que se vienen expresando, lesiona garantías fundamentales
del debido proceso, defensa, contradicción, igualdad de oportunidades, así como
también menoscaba los principios de celeridad y razonabilidad que deben regir
la práctica probatoria.
3 de abril de 2016
PENA MÍNIMA PARA ACCEDER A PRISIÓN DOMICILIARIA VARÍA POR CONDICIÓN DE AUTOR O CÓMPLICE
Aunque según el artículo 38 del Código Penal es requisito para acceder a la sustitución de la privación de libertad intramural por domiciliaria que el delito por el cual se impone condena prevea una pena mínima igual o inferior a ocho años de prisión, dicho tiempo se refiere a la sanción legal en abstracto, no a la efectivamente impuesta en cada caso, reiteró la Sala Penal de la Corte Suprema.
En criterio de la alta corporación, si el derecho penal se caracteriza porque la responsabilidad es individual, en cuanto a la imposición de la pena y de su ejecución, también es imprescindible que los beneficios respondan a esa individualización.
De ese modo, cuando se establece la conducta punible en punto del elemento objetivo para acceder a la prisión domiciliaria, también deben tenerse en cuenta tales variantes de los extremos punitivos, a fin de precisar con singularidad e individualidad, en cada caso concreto, que la pena mínima del delito corresponda al valor establecido en la ley. (Vea: Conozca cuándo procede prisión domiciliaria por inasistencia alimentaria)
Para la Sala, no se aviene con dicho postulado, ni con el principio de proporcionalidad de las sanciones penales “que se midan con igual baremo los procederes de un autor o los de un cómplice, o las consecuencias de un delito tentado o de uno consumado”.
Así, agrega el fallo, para constatar el límite punitivo mínimo de la conducta, se impone tener en cuenta aquellas circunstancias con virtud para modificar los extremos de pena establecidos en el precepto, dentro de las cuales se encuentra, aunque no exclusivamente, la condición de complicidad.
En el caso concreto, la corte concedió la prisión domiciliaria a un ciudadano condenado con base en un marco punitivo previsto para la condición de cómplice del punible de porte de armas de defensa personal.
La providencia concluyó que aunque el delito esté sancionado con prisión mínima de nueve años, conforme al principio de proporcionalidad de la sanción, debe ponderarse en cada caso concreto cuál es la conducta que determinó la imposición de la pena, que para el sentenciado correspondió, luego de la firma de un preacuerdo, a 4 años y 6 meses, es decir, inferior a ocho años de prisión (M. P. Eugenio Fernández Carlier).
tomado: ambitojuridico.com
1 de marzo de 2016
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