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21 de abril de 2016

TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN EN DELITOS TRAMITADOS BAJO EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ES DE 3 AÑOS.

En sentencia de febrero de 2016 la CSJ Sala Penal que el termino prescriptivo de 5 años del artículo 86 del Código Penal aplica para delitos tramitados bajo la Ley 600 de 2000, en cambio el término prescriptivo de 3 años consagrado en el artículo 292 de la Ley 906 de 2004 aplica para delitos tramitados bajo el sistema penal acusatorio.

Artículo 86 Código Penal, modificado por la Ley 890 de 2004.
Artículo 292 de la Ley 906 de 2004.
Interrupción y suspensión del término prescriptivo de la acción. La prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de la imputación.

Producida la interrupción del término prescriptivo, éste comenzará a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83. En este evento el término no podrá ser inferior a cinco (5) años, ni superior a diez (10).

Interrupción de la prescripción.  La prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de la imputación.

Producida la interrupción del término prescriptivo, este comenzará a correr de nuevo por un término igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal. En este evento no podrá ser inferior a tres (3) años.



Dice la Corte:

En ese orden de ideas, en la Ley 906 de 2004, el lapso prescriptivo comienza de nuevo, una vez se ha producido la interrupción, por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal, sin que pueda ser menor a los tres (3) años, de manera que los cinco (5) años a los que alude el inciso 2º del artículo 86 de dicho estatuto solo es relevante para los asuntos de la Ley 600 de 2000.




9 de abril de 2016

EN BUSCA DE LAS PENAS PERDIDAS: ZAFFARONI



TEORÍA DEL TIPO PENAL: CLAUS ROXIN



LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS



PROHIBIR LA SOLICITUD E INTERROGATORIO DIRECTO DE TESTIGOS COMUNES A LA DEFENSA LESIONA SU DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y CONTRADICCIÓN

La CSJ Sala Penal en sentencia con ponencia del magistrado Eugenio Fernández Carlier deja en claro uno de los temas más debatidos en los últimos lustros, lo referente a los testigos comunes entre fiscalía y defensa.
La Corte establece que es posible que un mismo testigo pueda servir para fundamentar la teoría del caso de la defensa y la fiscalía, y estas circunstancias no le es dable al Juzgador limitar los derechos de las partes y prohibir el interrogatorio directo por parte de la defensa de los testigos comunes, ello porque vulnera principios fundantes del debido proceso, contradicción e igualdad de oportunidades.


Dice la Corte:

Negarse el interrogatorio directo al fiscal y a la defensa para dejarlo exclusivamente a uno de ellos por haber solicitado el testimonio en primera oportunidad, sin aplicar los criterios que se vienen expresando, lesiona garantías fundamentales del debido proceso, defensa, contradicción, igualdad de oportunidades, así como también menoscaba los principios de celeridad y razonabilidad que deben regir la práctica probatoria.



3 de abril de 2016

CUADERNOS DE DERECHO PENAL

LIBRO: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA



PENA MÍNIMA PARA ACCEDER A PRISIÓN DOMICILIARIA VARÍA POR CONDICIÓN DE AUTOR O CÓMPLICE

Aunque según el artículo 38 del Código Penal es requisito para acceder a la sustitución de la privación de libertad intramural por domiciliaria que el delito por el cual se impone condena prevea una pena mínima igual o inferior a ocho años de prisión, dicho tiempo se refiere a la sanción legal en abstracto, no a la efectivamente impuesta en cada caso, reiteró la Sala Penal de la Corte Suprema.

En criterio de la alta corporación, si el derecho penal se caracteriza porque la responsabilidad es individual, en cuanto a la imposición de la pena y de su ejecución, también es imprescindible que los beneficios respondan a esa individualización.

De ese modo, cuando se establece la conducta punible en punto del elemento objetivo para acceder a la prisión domiciliaria, también deben tenerse en cuenta tales variantes de los extremos punitivos, a fin de precisar con singularidad e individualidad, en cada caso concreto, que la pena mínima del delito corresponda al valor establecido en la ley. (Vea: Conozca cuándo procede prisión domiciliaria por inasistencia alimentaria)

Para la Sala, no se aviene con dicho postulado, ni con el principio de proporcionalidad de las sanciones penales “que se midan con igual baremo los procederes de un autor o los de un cómplice, o las consecuencias de un delito tentado o de uno consumado”.

Así, agrega el fallo, para constatar el límite punitivo mínimo de la conducta, se impone tener en cuenta aquellas circunstancias con virtud para modificar los extremos de pena establecidos en el precepto, dentro de las cuales se encuentra, aunque no exclusivamente, la condición de complicidad.

En el caso concreto, la corte concedió la prisión domiciliaria a un ciudadano condenado con base en un marco punitivo previsto para la condición de cómplice del punible de porte de armas de defensa personal.

La providencia concluyó que aunque el delito esté sancionado con prisión mínima de nueve años, conforme al principio de proporcionalidad de la sanción, debe ponderarse en cada caso concreto cuál es la conducta que determinó la imposición de la pena, que para el sentenciado correspondió, luego de la firma de un preacuerdo, a 4 años y 6 meses, es decir, inferior a ocho años de prisión (M. P. Eugenio Fernández Carlier).

tomado: ambitojuridico.com

ACEPTACIÓN DE CARGOS: CONTROL POR EL JUEZ DE CONOCIMIENTO, NO ES NECESARIO LLEVARLO A CABO SI ÉSTE YA SE EJERCIÓ POR EL JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS