CONTADOR DE VISITAS

25 de octubre de 2014

CUADERNOS DE DERECHO PENAL. LA SOCIEDAD DE RIESGO. APARATOS ORGANIZADOS DE PODER

En texto de la Universidad Sergio Arboleda, se abordan temas como: a.  Los peligros del derecho penal en la sociedad del riesgo; b. Los aparatos organizados de poder; c. La criminología critica, entre otros.


23 de octubre de 2014

SENTENCIA T-582 DE 2014. PROCURADURÍA NO TIENE ACCESO ILIMITADO A INFORMACIÓN RECAUDADA EN INDAGACIÓN

La Corte Constitucional recordó que el Ministerio Público es un sujeto especial en las etapas de indagación, investigación y juzgamiento penal reguladas por la Ley 906 del 2004.
De ese modo, el procurador solo tiene acceso a la información, evidencias o elementos materiales recaudados en las oportunidades y condiciones establecidas y en las diligencias y actuaciones de su competencia, pues, de lo contrario, gozaría de privilegios frente al fiscal, el defensor o las víctimas, lo que va en contravía de la igualdad de armas entre las partes, indicó la corporación.
Incluso, el acceso ilimitado a toda la información obtenida por el ente acusador en la indagación puede afectar su teoría del caso. Así, la conducta del fiscal está justificada, con el fin de asegurar la cadena de custodia de los elementos materiales probatorios, mientras se ejerce su contradicción, añadió.
Para la Corte, esa restricción no menoscaba las funciones de defensa del orden jurídico, el patrimonio público o los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del Ministerio Público, pues la Ley 906 autoriza su participación en otros supuestos y oportunidades, como las audiencias de imposición de medida de aseguramiento, preclusión, acusación y preparatoria.

En el caso estudiado, el alto tribunal concluyó que un fiscal seccional de Bogotá no violó los derechos fundamentales de una procuradora penal al negarle el acceso a la carpeta que contiene las diligencias adelantadas en la indagación, ya que no comprometió sus funciones en el proceso, conforme con el artículo 111 de la Ley 906, en su rol de representante de la sociedad y garante de los derechos humanos.



Tomado: ambitojuridico.com

22 de octubre de 2014

IMPUTACIÓN OBJETIVA: EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD COMO LÍMITE AL PRINCIPIO DE CONFIANZA

En sentencia de octubre de 2013, la Corte Suprema hace un recorrido por la figura dogmática de la imputación objetiva y deja claro que el principio de confianza no es absoluto, que en determinadas momentos debe ceder ante principio de seguridad.
Con esta sentencia se deja claro que así no se eleve el riesgo permitido, en determinadas circunstancias en virtud del principio de seguridad se puede responder penalmente.

Dice la Corte:

Por otra parte, como no todo principio es absoluto, se tiene que el de confianza se exceptúa por el también conocido como principio de seguridad. Este postulado significa que el hombre medio debe prever que si bien su comportamiento puede, en general, sujetarse al principio de confianza y así tener una cierta seguridad en cuanto a que aquel con quien interactúa también cumplirá su función, de todos modos existen circunstancias excepcionales en las que, con el fin de evitar el riesgo y el consiguiente daño antijurídico, debe actuar conforme el principio de defensa y así adecuar su comportamiento a una excepcional situación en la que no tiene vigencia el principio de confianza. Si así no lo hiciere, el agente creará un riesgo no permitido y le será imputable el resultado dañoso que se produzca como consecuencia de no obrar conforme el principio de defensa. 

Sobre las situaciones específicas en las que se exceptúa el principio de confianza, especialmente en el tráfico vehicular,  se ha citado, entre otras, el comportamiento de individuos, quienes por sus especiales características o por la alteración de sus facultades mentales superiores (v. gr. menores de edad, ancianos, personas en estado de embriaguez) no se espera de ellas razonablemente que ajusten su actuar como lo haría una persona en condiciones normales.

20 de octubre de 2014

DIFERENCIAS ENTRE DOLO EVENTUAL Y PRETERINTENCIÓN

En sentencia de febrero de 2014, la CSJ Sala Penal hace un estudio sobre las figuras de dolo eventual y preterintención, igualmente recalca las diferencias entre cada una.

Dice la Corte

La diferencia entre las dos figuras es clara: en el dolo eventual el resultado no excede el propósito del agente, porque éste actúa a sabiendas del riesgo que asume hacia el resultado lesivo que se va a producir si no hace nada para poder evitarlo.

En la preterintención, en cambio, el sujeto activo de la conducta riesgosa omite la posibilidad de prever el resultado mayor por la falta de deber de cuidado que le era exigible, siendo fácilmente constatable que esa consecuencia no coincide con el propósito inicial del sujeto.




19 de octubre de 2014

ACTOS INVESTIGATIVOS PUEDEN SER REALIZADOS POR LA VICTIMA

En sentencia de agosto de 2014, la CSJ Sala Penal sigue la postura de la Corte Constitucional y acepta que las victimas en igual condiciones que la fiscalía y la defensa pueden realizar actos investigativos. De allí que hoy en día es posible que una víctima pueda solicitar y practicar búsquedas selectivas en base de datos con control anterior y posterior del Juez de Garantías con la finalidad de identificar a los autores del ilícito o recolectar información que pueda conllevar a una imputación de cargos.

Dice la Corte:


En este orden de ideas, un acto de investigación dentro del sistema de la Ley 906 de 2004 es todo aquel que (i) sea realizado por la Fiscalía, la defensa e incluso la víctima, (ii) tenga como fin obtener o recaudar evidencia y (iii) esté sujeto al control, ya sea previo o posterior, del juez de garantías. Un acto de prueba, en cambio, es el que (i) proviene de las partes (Fiscalía o defensa), (ii) se ejerce ante un juez de conocimiento y (iii) busca incorporar el acto de investigación a la actuación procesal. Es decir, es el acto que concierne de manera directa a la práctica de la prueba.

18 de octubre de 2014

LA PRUEBA INDICIARIA O PRUEBA INDIRECTA ES ACEPTADA POR LA LEY 906 DE 2004 PARA EMITIR SENTENCIA CONDENATORIA.

En sentencia de septiembre de 2014, la CSJ Sala Penal reafirma una vez mas que es posible emitir fallo condenatorio con base en prueba indirecta o indiciaria.

Dice la Corte


Cierto es que en la sentencia recurrida se acudió a prueba indirecta o indiciaria para acreditar el recibo de dinero por parte de la funcionaria enjuiciada para proferir dos decisiones judiciales que, como más adelante se explicará, fueron manifiestamente contrarias a la ley. Tal realidad en nada impide que pueda existir el conocimiento exigible para condenar porque (i) las inferencias lógico-jurídicas a través de operaciones indiciarias son plenamente aceptadas en la dinámica procesal introducida por la Ley 906 de 2004.


15 de octubre de 2014

EN LOS DELITOS DE SECUESTRO Y HOMICIDIO DOLOSO CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SI EL PROCESADO PREACUERDA O SE ALLANA A CARGOS NO SE LE APLICARA EL AUMENTO DE LA LEY 890 DE 2004.


En sentencia de abril de 2014, la Corte Suprema de Justicia, con la finalidad de descongestionar el sistema penal acusatorio y haciendo un análisis holístico el sistema procesal, toma la posición de que en los delitos de secuestro y homicidio doloso contra niños, niñas y adolescentes es posible recibir una rebaja de pena por aceptación de cargos o preacuerdos:


Dice la Corte

Reitera entonces la Sala que en los delitos de secuestro y homicidio doloso cuando el ofendido es menor de edad, como ocurre en este evento, es posible desechar el aumento que impone el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, pero solo si el llamado a responder opta por aceptar su culpabilidad por vía del preacuerdo o el allanamiento.


De lo contrario, si es vencido en juicio, la sanción a imponer en caso de ser hallado responsable, es la del tipo base con el incremento de la Ley 890 de 2004, además del aumento derivado de las circunstancias agravantes específicas que prevén los artículos 104 y 170 de la norma penal sustantiva cuando se atenta contra niños, niñas o adolescentes. 

14 de octubre de 2014

¿PUEDE CONCURSAR EL DELITO DE ESTAFA CON EL PUNIBLE DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE PARTICULARES SIN AFECTAR EL NON BIS IN ÍDEM?

En sentencia de julio de 2014, la CSJ Sala Penal acepta que el delito de estafa puede concursar con el punible de enriquecimiento ilícito de particulares sin vulnerar el Non bis in ídem; en una posición por lo menos discutible, la Corte permite que los operadores jurídicos en algunos casos puedan dar concursos a estos dos delitos, así cada uno requiera para su configuración de un incremento patrimonial.

Dice la Corte:

En conclusión, esta Corporación ha sido del criterio que el Enriquecimiento ilícito, en cualquiera de sus modalidades, concursa necesariamente con el delito fuente, aun cuando éste implique per sé incremento patrimonial como ocurre con el Peculado y el Cohecho, y aun cuando vulneren el mismo bien jurídico (orden económico y social) como ocurre con el Lavado de activos. Es más, en relación a la especie delictiva propia de funcionarios, cuyo carácter subsidiario hace más difícil el concurso material o ideal, la Corte ha aceptado mayoritariamente esa opción siempre que exista prueba suficiente para condenar por el delito fuente.   


13 de octubre de 2014

TEXTO COMPLETO: SENTENCIA C-390 DE 2014. DECLARA CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE LO REFERENTE A QUE LOS 120 DÍAS QUE CONSAGRA EL NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 317 EMPEZARAN A CONTAR DESDE LA RADICACIÓN DEL ESCRITO DE ACUSACIÓN Y NO DESDE LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA DE ACUSACIÓN.

La Corte Constitucional en sentencia C-390 de 2014 que tendrá efectos desde el 20 de julio de 2015, declara la exequibilidad condicionada del numeral 5 del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, en lo referente a que si el legislador no dispone un término distinto antes del 20 de julio de 2015, los 120 días que consagra el numeral 5 del artículo 317 empezaran a contar desde la radicación del escrito de acusación y no desde la realización de la audiencia de acusación.
Con esta sentencia con efectos diferidos, se resuelven dos puntos importantes en el ordenamiento penal: 1. La poca claridad de la norma que no permitía distinguir desde que momento se debían empezar a contar los 120 días y 2. Se llena el vacío jurídico de que no existiese un término establecido entre la radicación del escrito de acusación y la realización de la audiencia, lo que ha conllevado a que pasen años entre la radicación del escrito y la realización de la audiencia de acusación y no se pueda pedir la libertad por vencimiento de términos por no existir hasta esta sentencia un término para solicitar dicha libertad.

Dice la Corte:

En este sentido, la Corte declarará la exequibilidad de la expresión “la formulación de la acusación” del numeral 5 del artículo 317 de la ley 906 de 2004, en el entendido que la expresión acusada hace referencia al acto de radicación del escrito de acusación y no al de realización de la audiencia de lectura del mismo.

En este sentido, la Corte considera necesario diferir los efectos de la sentencia de exequibilidad condicionada hasta el 20 de julio de 2015, mientras el legislador decide, si lo considera conveniente o necesario, regular expresamente el periodo máximo que puede tenerse privada de la libertad a una persona incluyendo en dicho lapso el interregno entre la radicación del escrito de acusación y la audiencia de lectura del mismo. Si al cabo de anterior término el legislador no ha adoptado una regulación distinta, y para proteger los derechos de las personas privadas provisionalmente de la libertad, la presente sentencia surtirá todos sus efectos.

SON LEGALES LAS GRABACIONES O INTERCEPTACIONES REALIZADAS POR LA VICTIMA

En sentencia de marzo de 2014, la Corte Suprema de Justicia deja claro que la víctima de una conducta punible puede realizar grabaciones o interceptaciones sin necesidad de orden judicial.

Dice la Corte


“La víctima, por sí misma o por interpuesta persona, perfectamente puede hacer la grabación de voz o de imagen, cuando está siendo objeto de una conducta punible por parte de un tercero, y éste, prevalido de ese interés de perseverar en el ilícito fin propuesto, se expone a ser captado de una u otra manera por equipos tecnológicos fabricados para tales fines –registrar voces y/o imágenes-, y esa recopilación puede ser tenida como elemento de convicción lícito y con la virtualidad de ingresar a la actuación penal, sin ser sometida a control de legalidad alguno.

15 de julio de 2013

LEY 1652 DE 2013. REGULAN ENTREVISTAS A MENORES DE EDAD EN EL SISTEMA PENAL

Por medio de la ley 1652  de 2013, el legislador colombiano regula las entrevistas y los testimonios en procesos penales de niños y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual.



5 de julio de 2013

LEY 1639 DE 2013. AUMENTO DE PENAS POR ATAQUE CON ÁCIDO.

EL 2 DE JULIO DE 2013 ENTRO EN VIGENCIA LA LEY 1639 QUE FORTALECE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE CRÍMENES CON ÁCIDOS, ÁLCALIS O SUSTANCIAS SIMILARES QUE GENEREN DAÑO O DESTRUCCIÓN DE LA PIEL.


ESTA LEY NACE DE LA PRESIÓN DE LA CIUDADANÍA POR EL AUMENTO DE LAS PENAS DE ESTE CRIMEN QUE DEJA HUELLAS IMBORRABLES Y AFECTA LA VIDA E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS.


3 de julio de 2013

CORTE CONSTITUCIONAL AVALA CAMBIO JURISPRUDENCIAL DE CORTE SUPREMA EN MATERIA DE PARAPOLÍTICA

La Corte Constitucional publicó la sentencia mediante la cual avaló el cambio de jurisprudencia con el que la Corte Suprema de Justicia decidió investigar los casos de parapolítica que involucraran a congresistas que hayan renunciado al fuero.
De acuerdo con el alto tribunal, la decisión de la Sala Penal no viola derechos fundamentales y respeta principios superiores, pues se acoge al artículo 235 de la Constitución, del que se desprende la función de investigar y juzgar penalmente a los legisladores.
Para la Sala Plena, la Corte Suprema no desbordó sus competencias, pues el cambio jurisprudencial la autoriza para adelantar actuaciones contra los congresistas que hayan renunciado al fuero, siempre y cuando las conductas que se les endilguen tengan relación con las funciones propias de sus cargos.
El ponente de la decisión, Luis Ernesto Vargas Silva, aclaró el voto, porque, a su juicio, la posición mayoritaria hace ver el recurso de amparo como un instrumento accesorio o complementario a los ordinarios.

“Con ello, la solicitud y trámite de la acción de tutela al amparo de tales enunciados, deviene simplemente en una (o más) nueva(s) oportunidad(es) que se confiere(n) a quien se ha visto desfavorecido por la decisión adoptada por el juez competente, o lo que es lo mismo, en una (o varias) instancia(s) adicional(es), no prevista(s) en absoluto en el respectivo proceso debido”, señala la aclaración.


Tomado: ambitojuridico.com




18 de junio de 2013

PARTICULAR QUE SE APROPIA DE DINEROS DEL RECAUDO DE IMPUESTOS INCURRE EN PECULADO

Cuando se produce la apropiación de los dineros derivados del recaudo de impuestos, en el marco de convenios celebrados entre las entidades bancarias y la DIAN, se configura el delito de peculado.
Así lo recordó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al señalar que, en ese contexto, el particular que ejerce la función recaudadora tiene las mismas obligaciones y responsabilidades civiles, penales y disciplinarias de un servidor público.
El fallo explica que los particulares que desempeñan funciones públicas son servidores públicos, para efectos de la ley penal, ya sea porque estas se adquieren mediante vínculos contractuales, concesiones o la delegación en el manejo de bienes o recursos.

En efecto, el recaudo de tributos está en cabeza del Presidente de la República, pero este lo delega a las entidades financieras a través de la DIAN, indicó el alto tribunal.

tomado ambitojuridico.com


14 de junio de 2013

SENTENCIA COMPLETA C-258 DE 2013 QUE DECLARO INEXEQUIBLE EL RÉGIMEN ESPECIAL DE CONGRESISTAS, MAGISTRADOS Y OTROS ALTOS FUNCIONARIOS.

En sentencia C-258 de 2013, la Corte Constitucional declara inexequible el régimen pensional de Congresistas, Magistrados y otros Altos Funcionarios, y en consecuencia prohíbe las mesadas pensionales superiores a 25 SMLMV


13 de junio de 2013

CONFIRMAN CONDENA POR FALSOS POSITIVOS.

En sentencia de mayo de 2013 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirma sentencia condenatoria contra miembros del ejército por  el homicidio de  indígenas, los cuales fueron hechos pasar como guerrilleros.


DERECHO PENAL GENERAL. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PENAL.

El teórico Jaime Sandoval en este artículo se ocupa de las causales de ausencia de responsabilidad penal, especialmente de aquellas que tienen efecto en el injusto. Como subtemas delimita el concepto de responsabilidad penal y su ausencia. Además estudia las principales teorías acerca de la relación tipicidad-antijuridicidad  y su incidencia en el derecho penal colombiano. Y por último contiene una propuesta acerca de cómo deberían agruparse las causales del art. 32 C.P/00.



12 de junio de 2013

DERECHO PENAL ESPECIAL: EL IRRESPETO A CADÁVERES EN LA LEGISLACIÓN PENAL COLOMBIANA.

En texto de Luis Felipe Téllez se explica de manera detallada el tipo penal  de Irrespeto a cadáveres, sus elementos objetivos y subjetivos, la posibilidad de concursar con otras conductas punibles y su consagración en el derecho comparado.



11 de junio de 2013

INTERVENCIÓN ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA QUE SE DECLARA EXEQUIBLE LA FIGURA DEL ACUSADOR PRIVADO



Los ciudadanos Mauricio Pava Lugo y Juan Sebastián Serna Cardona solicitaron a la Corte Constitucional se declare exequible el Acto Legislativo 06 de 2011 referente a la creación de la figura del acusador privado que desmonopoliza la acción penal de cabeza de la Fiscalía General de la Nación.  


31 de mayo de 2013

ELEMENTOS DE LA COMPLICIDAD. CASO DE FALSOS POSITIVOS.


En sentencia de mayo de 2013, la CSJ Sala Penal casa sentencia y en consecuencia revoca sentencia condenatoria contra un militar por no reunirse los elementos de la  figura jurídica de la complicidad.

Dice la corte:

Si el artículo 30 del Código Penal describe al cómplice como aquél que contribuye a la realización de la conducta antijurídica o presta una ayuda posterior, por concierto previo o concomitante a la misma, es evidente que tales elementos, ciertamente omitidos de cualquier análisis por el sentenciador, no concurren en la actividad que frente a los homicidios ejecutó el cabo primero Márquez Martínez, cuando de otro lado se ha dicho que él no tuvo participación alguna en la ideación, planeación o ejecución de los delitos.


27 de mayo de 2013

SENTENCIA CONDENATORIA CONTRA EL EX SENADOR CÉSAR PÉREZ GARCÍA POR LA MASACRE DE SEGOVIA OCURRIDA EN 1988


No es necesario que exista una relación directa entre quien ordena, sugiere, manda o imparte la orden de realizar la conducta punible y el que la ejecuta, para atribuirle responsabilidad penal al primero.

Así lo indicó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al condenar al excongresista César Pérez García por la comisión de los delitos de concierto para delinquir, homicidio y lesiones personales agravadas en concurso material y homogéneo, consumados el 11 de noviembre de 1998 en el municipio de Segovia (Antioquia).

El fallo explica que en el actuar de los grupos armados ilegales, cuya estructura es jerarquizada, las órdenes vinculantes para la realización de un ilícito se cumplen, sin que haya una comunicación entre el jefe de la organización y el autor inmediato del crimen.

En el caso estudiado, el alto tribunal constató que dicha masacre contra la población civil fue perpetrada por un grupo paramilitar con la colaboración del Ejército Nacional, bajo el mandato del exparlamentario, quien fomentó la persecución y el genocidio del grupo político Unión Patriótica en la región.

tomado: ambitojuridico.com


16 de mayo de 2013

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER NO ES UN DELITO DE BAGATELA


Al revocar un fallo que absolvió a un hombre del delito de lesiones personales dolosas contra su hermana, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aseguró que la violencia y la discriminación contra las mujeres “no es un delito de bagatela”.

El alto tribunal recordó que los convenios internacionales ratificados por Colombia exigen la protección de la mujer, por su condición de vulnerabilidad frente al hombre.

En ese sentido, reiteró lo afirmado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, según la cual el Estado y la familia deben adoptar mecanismos encaminados a evitar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer.

En el caso estudiado, la corporación determinó que la conducta del condenado no fue leve, irrisoria ni insignificante, sino lesiva y antijurídica.


tomado: ambitojuridico.com



27 de abril de 2013

FUNCIONARIO JUDICIAL QUE DESCONOCE EL PRECEDENTE JUDICIAL PUEDE INCURRIR EN PREVARICATO



En sentencia de abril de 2013, la Sala Penal de la CSJ confirma condena por prevaricato contra un Juez por haber desconocido la jurisprudencia de sus superiores.

Dice la Corte:

No se está, por tanto, frente a un funcionario judicial confundido o errado sobre la ley y la jurisprudencia vigentes, sino ante uno decidido a desconocer el tenor literal de la norma y el precedente, como finalmente lo hizo, pues en su obstinada actitud, no obstante que en un caso idéntico su superior jerárquico lo ilustró sobre el trámite que debía adoptar, se mantuvo inamovible en su terca e injustificada postura, evidentemente alejada del precedente. 
Así las cosas, no se trata, pues, de una discrepancia judicial sino de un delito de prevaricato.



26 de abril de 2013

MASACRE DE JAMUNDÍ. CONDENA DE 15 MILITARES POR HOMICIDIO SIMPLE Y CULPOSO.


En sentencia de abril de 2013, la CSJ, Sala Penal no casa la sentencia presentada por las defensas y en cambio confirma la condena por homicidio simple y culposo contra 15 militares involucrados en la masacre de Jamundí en el año 2006.
Aunado con lo anterior, la Corte regaña y lamenta que ni la Fiscalía ni el Ministerio Publico hallan presentado recurso de casación, toda vez que así lo reclamaba la naturaleza de los hechos objeto de investigación y juicio, como también el interés que le asiste a la sociedad y al Estado colombiano en sancionar con justicia los desafueros de servidores públicos adscritos al estamento armado, atentatorios contra los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Lo que deja entrever que en este caso se debió condenar por homicidio agravado más no por homicidio simple y culposo como lo decidió el Tribunal.

Dice la Corte:

Por otra parte, la Corte lamenta que frente al fallo de segundo grado que determinó como simples y culposos un conjunto de homicidios, ocurridos en las circunstancias ampliamente reseñadas en precedencia, la Fiscalía y el Ministerio Público hubieran guardado silencio y no interpusieran el recurso extraordinario de casación.

Tal proceder le era exigible al ente investigador, pues como sujeto procesal vio desestimada su particular teoría del caso, defendida en el juicio oral y acogida con acierto por el juez. También al representante de la Procuraduría, toda vez que así lo reclamaba la naturaleza de los hechos objeto de investigación y juicio, como también el interés que le asiste a la sociedad y al Estado colombiano en sancionar con justicia los desafueros de servidores públicos adscritos al estamento armado, atentatorios contra los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.





25 de abril de 2013

LA TEORÍA DEL DELITO EN EL ESTATUTO PENAL COLOMBIANO



En excelente texto de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, de forma sistemática, didáctica y simple nos lleva por un recorrido de la teoría del delito en la ley 599 de 2000, desde la imputación objetiva, pasando por el concurso de personas en la conducta punible hasta el error de tipo y prohibición como causales de atipicidad e inculpabilidad.  


24 de abril de 2013

CSJ SALA PENAL. LIMITACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL PROCESO PENAL


En sentencia de marzo de 2013, la CSJ Sala Penal limita de nuevo los derechos de las víctimas al no darle autonomía propia en la solicitud de pruebas en el proceso penal, desconociendo de esta forma el precedente constitucional acogido por las sentencias C-454 de 2006 y C-209 de 2007 que le da identidad propia a las víctimas para hacer solicitudes probatorias.

Dice el Tribunal Penal:

Ha puntualizado que la facultad para solicitar pruebas y, por contera, para impugnar la decisión que resuelve sobre ellas, debe valorarse a partir de quienes tienen la potestad para intervenir en su práctica, de tal suerte que si la Fiscalía y la defensa son las únicas partes llamadas a cumplir tal finalidad, las víctimas no están legitimadas para recurrir respecto de las pruebas que no solicitó directamente o por intermedio de la Fiscalía en las oportunidades que tenía para ese cometido. Lo anterior bajo el entendimiento de que las víctimas tienen la carga de hacer causa común con la Fiscalía, pues esta es la titular de la acción penal, la dueña de la acusación y la única llamada a introducir las pruebas. Por lo tanto, las solicitudes probatorias de las víctimas como su disenso respecto de las pruebas admitidas a la defensa, son aspectos que debe canalizar a través del ente acusador como su único interlocutor válido que puede allegarlas y controvertir en el debate oral.