CONTADOR DE VISITAS

15 de julio de 2013

LEY 1652 DE 2013. REGULAN ENTREVISTAS A MENORES DE EDAD EN EL SISTEMA PENAL

Por medio de la ley 1652  de 2013, el legislador colombiano regula las entrevistas y los testimonios en procesos penales de niños y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual.



5 de julio de 2013

LEY 1639 DE 2013. AUMENTO DE PENAS POR ATAQUE CON ÁCIDO.

EL 2 DE JULIO DE 2013 ENTRO EN VIGENCIA LA LEY 1639 QUE FORTALECE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE CRÍMENES CON ÁCIDOS, ÁLCALIS O SUSTANCIAS SIMILARES QUE GENEREN DAÑO O DESTRUCCIÓN DE LA PIEL.


ESTA LEY NACE DE LA PRESIÓN DE LA CIUDADANÍA POR EL AUMENTO DE LAS PENAS DE ESTE CRIMEN QUE DEJA HUELLAS IMBORRABLES Y AFECTA LA VIDA E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS.


3 de julio de 2013

CORTE CONSTITUCIONAL AVALA CAMBIO JURISPRUDENCIAL DE CORTE SUPREMA EN MATERIA DE PARAPOLÍTICA

La Corte Constitucional publicó la sentencia mediante la cual avaló el cambio de jurisprudencia con el que la Corte Suprema de Justicia decidió investigar los casos de parapolítica que involucraran a congresistas que hayan renunciado al fuero.
De acuerdo con el alto tribunal, la decisión de la Sala Penal no viola derechos fundamentales y respeta principios superiores, pues se acoge al artículo 235 de la Constitución, del que se desprende la función de investigar y juzgar penalmente a los legisladores.
Para la Sala Plena, la Corte Suprema no desbordó sus competencias, pues el cambio jurisprudencial la autoriza para adelantar actuaciones contra los congresistas que hayan renunciado al fuero, siempre y cuando las conductas que se les endilguen tengan relación con las funciones propias de sus cargos.
El ponente de la decisión, Luis Ernesto Vargas Silva, aclaró el voto, porque, a su juicio, la posición mayoritaria hace ver el recurso de amparo como un instrumento accesorio o complementario a los ordinarios.

“Con ello, la solicitud y trámite de la acción de tutela al amparo de tales enunciados, deviene simplemente en una (o más) nueva(s) oportunidad(es) que se confiere(n) a quien se ha visto desfavorecido por la decisión adoptada por el juez competente, o lo que es lo mismo, en una (o varias) instancia(s) adicional(es), no prevista(s) en absoluto en el respectivo proceso debido”, señala la aclaración.


Tomado: ambitojuridico.com




18 de junio de 2013

PARTICULAR QUE SE APROPIA DE DINEROS DEL RECAUDO DE IMPUESTOS INCURRE EN PECULADO

Cuando se produce la apropiación de los dineros derivados del recaudo de impuestos, en el marco de convenios celebrados entre las entidades bancarias y la DIAN, se configura el delito de peculado.
Así lo recordó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al señalar que, en ese contexto, el particular que ejerce la función recaudadora tiene las mismas obligaciones y responsabilidades civiles, penales y disciplinarias de un servidor público.
El fallo explica que los particulares que desempeñan funciones públicas son servidores públicos, para efectos de la ley penal, ya sea porque estas se adquieren mediante vínculos contractuales, concesiones o la delegación en el manejo de bienes o recursos.

En efecto, el recaudo de tributos está en cabeza del Presidente de la República, pero este lo delega a las entidades financieras a través de la DIAN, indicó el alto tribunal.

tomado ambitojuridico.com


14 de junio de 2013

SENTENCIA COMPLETA C-258 DE 2013 QUE DECLARO INEXEQUIBLE EL RÉGIMEN ESPECIAL DE CONGRESISTAS, MAGISTRADOS Y OTROS ALTOS FUNCIONARIOS.

En sentencia C-258 de 2013, la Corte Constitucional declara inexequible el régimen pensional de Congresistas, Magistrados y otros Altos Funcionarios, y en consecuencia prohíbe las mesadas pensionales superiores a 25 SMLMV


13 de junio de 2013

CONFIRMAN CONDENA POR FALSOS POSITIVOS.

En sentencia de mayo de 2013 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirma sentencia condenatoria contra miembros del ejército por  el homicidio de  indígenas, los cuales fueron hechos pasar como guerrilleros.


DERECHO PENAL GENERAL. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PENAL.

El teórico Jaime Sandoval en este artículo se ocupa de las causales de ausencia de responsabilidad penal, especialmente de aquellas que tienen efecto en el injusto. Como subtemas delimita el concepto de responsabilidad penal y su ausencia. Además estudia las principales teorías acerca de la relación tipicidad-antijuridicidad  y su incidencia en el derecho penal colombiano. Y por último contiene una propuesta acerca de cómo deberían agruparse las causales del art. 32 C.P/00.



12 de junio de 2013

DERECHO PENAL ESPECIAL: EL IRRESPETO A CADÁVERES EN LA LEGISLACIÓN PENAL COLOMBIANA.

En texto de Luis Felipe Téllez se explica de manera detallada el tipo penal  de Irrespeto a cadáveres, sus elementos objetivos y subjetivos, la posibilidad de concursar con otras conductas punibles y su consagración en el derecho comparado.



11 de junio de 2013

INTERVENCIÓN ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA QUE SE DECLARA EXEQUIBLE LA FIGURA DEL ACUSADOR PRIVADO



Los ciudadanos Mauricio Pava Lugo y Juan Sebastián Serna Cardona solicitaron a la Corte Constitucional se declare exequible el Acto Legislativo 06 de 2011 referente a la creación de la figura del acusador privado que desmonopoliza la acción penal de cabeza de la Fiscalía General de la Nación.  


31 de mayo de 2013

ELEMENTOS DE LA COMPLICIDAD. CASO DE FALSOS POSITIVOS.


En sentencia de mayo de 2013, la CSJ Sala Penal casa sentencia y en consecuencia revoca sentencia condenatoria contra un militar por no reunirse los elementos de la  figura jurídica de la complicidad.

Dice la corte:

Si el artículo 30 del Código Penal describe al cómplice como aquél que contribuye a la realización de la conducta antijurídica o presta una ayuda posterior, por concierto previo o concomitante a la misma, es evidente que tales elementos, ciertamente omitidos de cualquier análisis por el sentenciador, no concurren en la actividad que frente a los homicidios ejecutó el cabo primero Márquez Martínez, cuando de otro lado se ha dicho que él no tuvo participación alguna en la ideación, planeación o ejecución de los delitos.


27 de mayo de 2013

SENTENCIA CONDENATORIA CONTRA EL EX SENADOR CÉSAR PÉREZ GARCÍA POR LA MASACRE DE SEGOVIA OCURRIDA EN 1988


No es necesario que exista una relación directa entre quien ordena, sugiere, manda o imparte la orden de realizar la conducta punible y el que la ejecuta, para atribuirle responsabilidad penal al primero.

Así lo indicó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al condenar al excongresista César Pérez García por la comisión de los delitos de concierto para delinquir, homicidio y lesiones personales agravadas en concurso material y homogéneo, consumados el 11 de noviembre de 1998 en el municipio de Segovia (Antioquia).

El fallo explica que en el actuar de los grupos armados ilegales, cuya estructura es jerarquizada, las órdenes vinculantes para la realización de un ilícito se cumplen, sin que haya una comunicación entre el jefe de la organización y el autor inmediato del crimen.

En el caso estudiado, el alto tribunal constató que dicha masacre contra la población civil fue perpetrada por un grupo paramilitar con la colaboración del Ejército Nacional, bajo el mandato del exparlamentario, quien fomentó la persecución y el genocidio del grupo político Unión Patriótica en la región.

tomado: ambitojuridico.com


16 de mayo de 2013

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER NO ES UN DELITO DE BAGATELA


Al revocar un fallo que absolvió a un hombre del delito de lesiones personales dolosas contra su hermana, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aseguró que la violencia y la discriminación contra las mujeres “no es un delito de bagatela”.

El alto tribunal recordó que los convenios internacionales ratificados por Colombia exigen la protección de la mujer, por su condición de vulnerabilidad frente al hombre.

En ese sentido, reiteró lo afirmado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, según la cual el Estado y la familia deben adoptar mecanismos encaminados a evitar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer.

En el caso estudiado, la corporación determinó que la conducta del condenado no fue leve, irrisoria ni insignificante, sino lesiva y antijurídica.


tomado: ambitojuridico.com



27 de abril de 2013

FUNCIONARIO JUDICIAL QUE DESCONOCE EL PRECEDENTE JUDICIAL PUEDE INCURRIR EN PREVARICATO



En sentencia de abril de 2013, la Sala Penal de la CSJ confirma condena por prevaricato contra un Juez por haber desconocido la jurisprudencia de sus superiores.

Dice la Corte:

No se está, por tanto, frente a un funcionario judicial confundido o errado sobre la ley y la jurisprudencia vigentes, sino ante uno decidido a desconocer el tenor literal de la norma y el precedente, como finalmente lo hizo, pues en su obstinada actitud, no obstante que en un caso idéntico su superior jerárquico lo ilustró sobre el trámite que debía adoptar, se mantuvo inamovible en su terca e injustificada postura, evidentemente alejada del precedente. 
Así las cosas, no se trata, pues, de una discrepancia judicial sino de un delito de prevaricato.



26 de abril de 2013

MASACRE DE JAMUNDÍ. CONDENA DE 15 MILITARES POR HOMICIDIO SIMPLE Y CULPOSO.


En sentencia de abril de 2013, la CSJ, Sala Penal no casa la sentencia presentada por las defensas y en cambio confirma la condena por homicidio simple y culposo contra 15 militares involucrados en la masacre de Jamundí en el año 2006.
Aunado con lo anterior, la Corte regaña y lamenta que ni la Fiscalía ni el Ministerio Publico hallan presentado recurso de casación, toda vez que así lo reclamaba la naturaleza de los hechos objeto de investigación y juicio, como también el interés que le asiste a la sociedad y al Estado colombiano en sancionar con justicia los desafueros de servidores públicos adscritos al estamento armado, atentatorios contra los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Lo que deja entrever que en este caso se debió condenar por homicidio agravado más no por homicidio simple y culposo como lo decidió el Tribunal.

Dice la Corte:

Por otra parte, la Corte lamenta que frente al fallo de segundo grado que determinó como simples y culposos un conjunto de homicidios, ocurridos en las circunstancias ampliamente reseñadas en precedencia, la Fiscalía y el Ministerio Público hubieran guardado silencio y no interpusieran el recurso extraordinario de casación.

Tal proceder le era exigible al ente investigador, pues como sujeto procesal vio desestimada su particular teoría del caso, defendida en el juicio oral y acogida con acierto por el juez. También al representante de la Procuraduría, toda vez que así lo reclamaba la naturaleza de los hechos objeto de investigación y juicio, como también el interés que le asiste a la sociedad y al Estado colombiano en sancionar con justicia los desafueros de servidores públicos adscritos al estamento armado, atentatorios contra los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.





25 de abril de 2013

LA TEORÍA DEL DELITO EN EL ESTATUTO PENAL COLOMBIANO



En excelente texto de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, de forma sistemática, didáctica y simple nos lleva por un recorrido de la teoría del delito en la ley 599 de 2000, desde la imputación objetiva, pasando por el concurso de personas en la conducta punible hasta el error de tipo y prohibición como causales de atipicidad e inculpabilidad.  


24 de abril de 2013

CSJ SALA PENAL. LIMITACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL PROCESO PENAL


En sentencia de marzo de 2013, la CSJ Sala Penal limita de nuevo los derechos de las víctimas al no darle autonomía propia en la solicitud de pruebas en el proceso penal, desconociendo de esta forma el precedente constitucional acogido por las sentencias C-454 de 2006 y C-209 de 2007 que le da identidad propia a las víctimas para hacer solicitudes probatorias.

Dice el Tribunal Penal:

Ha puntualizado que la facultad para solicitar pruebas y, por contera, para impugnar la decisión que resuelve sobre ellas, debe valorarse a partir de quienes tienen la potestad para intervenir en su práctica, de tal suerte que si la Fiscalía y la defensa son las únicas partes llamadas a cumplir tal finalidad, las víctimas no están legitimadas para recurrir respecto de las pruebas que no solicitó directamente o por intermedio de la Fiscalía en las oportunidades que tenía para ese cometido. Lo anterior bajo el entendimiento de que las víctimas tienen la carga de hacer causa común con la Fiscalía, pues esta es la titular de la acción penal, la dueña de la acusación y la única llamada a introducir las pruebas. Por lo tanto, las solicitudes probatorias de las víctimas como su disenso respecto de las pruebas admitidas a la defensa, son aspectos que debe canalizar a través del ente acusador como su único interlocutor válido que puede allegarlas y controvertir en el debate oral.



9 de abril de 2013

CONSTITUCIÓN Y FUERO PENAL MILITAR. ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2012.


En la excelente revista Cuadernos de Derecho Penal en su volumen 8, se analiza las implicaciones que puede tener la entrada en vigencia del acto legislativo 02 de 2012, en lo referente al derecho internacional, a los derechos humanos y al derecho constitucional.

Además de lo anterior, se analizar el principio de complementariedad en ley de justicia y paz como igualmente la conformidad en el proceso penal, análisis comparado de las legislaciones española y colombiana.


8 de abril de 2013

LEGALIZACIÓN DE CAPTURA DEBE AGOTARSE DENTRO DE LAS 36 HORAS.


En sentencia de noviembre de 2012, la CSJ Sala Penal, atendiendo la sentencia C-163 de 2008, deja claro que la legalización de captura debe efectuarse dentro de las 36 horas para ser válida, que no es la instalación de la audiencia o la solicitud de la diligencia lo que debe ocurrir en las 36 horas siguientes, sino la legalización efectiva.

Dice la corte:

De la literalidad de las disposiciones parecería surgir que la formalidad legal quedaría satisfecha, en el primer supuesto, con la actuación de la Fiscalía de dejar al aprehendido a disposición del juez de garantías, y, en el segundo, con la simple solicitud de que se fijase hora para la audiencia respectiva, siempre que tales actos se cumpliesen antes del vencimiento de las 36 horas, contadas desde la captura del indiciado.

En sí misma, esa interpretación llama a su rechazo, en tanto permitiría una perversión legal en contra del derecho fundamental de la libertad, que, no debe olvidarse, es privilegiado en el sistema procesal de la Ley 906 del 2004, instituyéndose como regla que ella debe prevalecer en el curso del proceso y que, por ende, su restricción debe estar dada para cuando una sentencia ejecutoriada así lo disponga, y solamente, pero de manera excepcional, hay lugar a afectarla en el desarrollo del trámite.


23 de diciembre de 2012

¿PUEDEN CONCURSAR CONCIERTO PARA DELINQUIR Y HURTO AGRAVADO POR COPARTICIPACIÓN CRIMINAL?


La Corte Suprema de Justicia en sentencia de Octubre de 2012, deja claro que no puede existir imputación por el delito de concierto para delinquir y además la agravante genérica de coparticipación criminal, pues de aceptar esta tesis se violaría el principio Non bis in ídem.
Además de lo anterior, se pronuncian sobre los delitos de hurto agravado, violencia sobre servidor publico y porte ilegal.


12 de octubre de 2012

SENTENCIA C-782 DE 2012. NUEVO DERECHO PARA LAS VÍCTIMAS EN EL PROCESO PENAL.


En el estudio constitucional del articulo 90 de la ley 906 de 2004 (CP Penal). OMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS BIENES. Si en la sentencia o decisión con efectos equivalentes se omite el pronunciamiento definitivo sobre los bienes afectados con fines de comiso, la defensa, el fiscal o el Ministerio Público podrán solicitar en la misma audiencia la adición de la decisión con el fin de obtener el respectivo pronunciamiento.  El Alto Tribunal Colombiano declara exequible la normativa en comento en el entendido que la víctima podrá solicitar en la audiencia de que trata esta norma, la adición de la sentencia o de la decisión con efectos equivalentes, que omita un pronunciamiento definitivo sobre los bienes afectados con fines de comiso, con el fin de obtener el respectivo pronunciamiento.

De esta forma la Corte, crea una vez más derechos no reconocidos por el Código de Procedimiento Penal.



9 de octubre de 2012

LA AUTORÍA EN EL DERECHO PENAL


De nuevo hago énfasis, en un tema que de vieja data ha traído conflicto a la dogmática penal. Me refiero a la autoría. En éste excelente texto se aborda las diferentes teorías acerca de la autoría y participación en el derecho penal y de igual forma, se nos explica su consagración en el código penal colombiana y las diferentes formas en el estatuto represor colombiano.


6 de octubre de 2012

DELITO DE ESTAFA. ACCIÓN A PROPIO RIESGO. SIMULACIÓN.


En sentencia de septiembre de 2012, la Sala Penal de la CSJ, casa sentencia por un cargo referente a la valoración probatoria, pero se pronuncia sobre la puesta en peligro o la acción a propio riesgo que  desvirtúa la imputación objetiva en el delito de estafa,  es por eso que para efectos del delito de  estafa (en el cual la víctima coopera en forma voluntaria al menoscabo patrimonial que constituye el resultado lesivo), los negocios jurídicos pueden ser fuentes de mentiras u ocultamientos relevantes para la configuración del elemento típico del engaño, pero cuando las partes están en igualdad de condiciones personales, ninguna tiene el deber de evitar el daño económico que la realización del contrato le represente a la otra.
Aun así, esta puesta en peligro no se puede predicar de ciertos roles de los sujetos del delito, entre ellos familiares, amigos, compañeros de vida en los cuales se deposita un grado alto de confianza.
En  otras palabras, si alguien confía en sus parientes más cercanos para que le protejan el patrimonio, es razonable esperar que ellos se comporten de manera correcta. Y, así mismo, no lo es exigible a quien deposita la confianza en tales eventos la activación de los mecanismos de protección que le serían predicables cuando tratase con terceros ajenos a su círculo de intimidad.
En síntesis, esta sentencia ayuda para el debate que se presenta desde hace decenios en la CSJ, en lo referente a ¿sí es la autotutela de la víctima un elemento del delito de estafa? O ¿sí no todo detrimento económico a causa de un acto ilegal e inmoral debe ser delito?



5 de octubre de 2012

DOBLE FAVORABILIDAD PARA LOS CONGRESISTAS. NO LES APLICAN EL AUMENTO PUNITIVO DE LA LEY 890 DE 2004, PERO SÍ LA REBAJA DE PENA DEL ARTÍCULO 351 DE LA LEY 906 DE 2004.


Aunque los incrementos punitivos de la Ley 890 del 2004 no se aplican a las penas impuestas contra congresistas, estos sí pueden ser beneficiarios, por favorabilidad, de la sentencia anticipada de la que trata la misma norma.

Así lo señaló la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia que condenó al excongresista Germán Olano como autor de los delitos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, conductas sobre las cuales aceptó cargos. La Sala Penal condenó al exsenador a 100 meses de prisión y más de 600 millones de pesos de multa.

El alto tribunal explicó que si los congresistas procesados bajo Ley 600 del 2000 deciden aceptar los cargos para que se les dicte sentencia anticipada, necesariamente se hacen merecedores a que se considere la rebaja de pena más amplia prevista en el artículo 351 de la Ley 906 del 2004, por principio de favorabilidad.

“El sistema acusatorio brinda la posibilidad de realizar preacuerdos y negociaciones de penas entre la Fiscalía y los imputados y no se puede desconocer, bajo ninguna circunstancia, el derecho que le asiste  a toda persona vinculada a un proceso penal, de aceptar libre y llanamente los cargos que se le imputen o la responsabilidad que se le atribuya respecto de uno o varios delitos, para obtener una sanción más benigna en compensación de la colaboración con la justicia”, señala la sentencia.

En el caso de Olano, este aceptó recibir cerca de 500 millones de pesos para mediar en la adjudicación de contratos celebrados por el Grupo Nule con el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU).

tomado: ambitojuridico.com


1 de octubre de 2012

LÍNEAS JURISPRUDENCIALES SOBRE TEMAS PENALES.


En excelente texto, se plasman 10 líneas jurisprudenciales sobre temas que desde hace años dejan un halo de dudas entre los estudiosos del derecho penal. Los derechos de las víctimas en el SPA, la estafa, la legitima defensa en la riña, el concurso entre hurto calificado y secuestro simple, el principio de favorabilidad en procesos tramitados con ley 600, el termino prescriptivo en los delitos permanentes, son solo algunos de los temas que se describen en este texto.
Libro de estudio y de ayuda para los litigantes y estudiosos del derecho penal.


30 de septiembre de 2012

EL DELITO DE INASISTENCIA ALIMENTARIA. DEBATE SOBRE SI ES CONVENIENTE QUE SIGA SIENDO UNA CONDUCTA PUNIBLE.




En excelente texto de dejusticia.org, se hace un recuento sobre el controversial delito de inasistencia alimentaria, su historia, su penalización en el derecho comparado y los argumentos a favor y en contra de por qué debe ser o no ser una conducta punible.

El tema cobra total relevancia, ya que la conducta punible en comento, es uno de las noticias criminales más recibidas en las fiscalías de nuestro país, que congestionan y frenan nuestro sistema penal. De allí que es bueno debatir si la inasistencia alimentaria, solo debe ser protegida por la jurisdicción civil o al ser igualmente considerada un delito viola el principio de última ratio del derecho penal.


28 de septiembre de 2012

LA CORTE CONSTITUCIONAL DECLARA EXEQUIBLE LA PENALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL QUE SE REALIZA SIN EL PERMISO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.


En sentencia C-742 de 2012 la Corte Constitucional con salvamento de voto de tres magistrados declara exequible los artículos 353 y 353ª que convierte  en conducta punible la protesta social que se realiza sin el permiso correspondiente.

Dice la Corte:
La Corte Constitucional adoptó la presente decisión (declarar exequibles las normas acusadas por los cargos y razones analizadas), teniendo en cuenta que la aplicación de dichas disposiciones legales, bajo el orden constitucional vigente, debe hacerse:  (i) de acuerdo con una interpretación estricta y literal, no analógica ni amplificada; y  (ii) de acuerdo con los parámetros específicos y exactos que se establecen en el orden legal vigente (los elementos del tipo penal no pueden ser establecidos con base en interpretaciones de funcionarios judiciales o reglamentaciones administrativas).


12 de septiembre de 2012

SENTENCIA T-672 DE 2012 LA CORTE ORDENA AL PROCURADOR RECTIFICAR LA INFORMACIÓN Y DECIR LA VERDAD SOBRE EL ABORTO PERMITIDO.


En sentencia T-627/12  la Corte concede tutela instaurada por Mónica del Pilar Roa López y otras 1279 mujeres en contra del Procurador General de la Nación, la Procuradora Delegada para la defensa de los derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, y la Procuradora Delegada para la Función Pública.
La Corte Constitucional concedió la tutela instaurada por Mónica del Pilar Roa López y otras 1279 mujeres en contra del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, la Procuradora Delegada para la defensa de los derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, y la Procuradora Delegada para la Función Pública, María Eugenia Carreño Gómez por la violación y/o amenaza de los derechos fundamentales al acceso a los servicios de salud reproductiva, al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la salud física y mental, a la interrupción voluntaria del embarazo y a la información en materia reproductiva.


7 de septiembre de 2012

OMISIÓN DE AGENTE RETENEDOR Y RECAUDADOR EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PAGO: REQUISITOS DE ACREDITACIÓN, PAZ Y SALVO DE LA DIAN.


En sentencia de agosto de 2012 la Sala Penal de la CSJ niega la extinción de la acción penal por pago en el delito de omisión de agente retenedor o recaudador  que aunque es uno de aquellos tipos penales en los que la ocurrencia de dicha circunstancia objetiva ocasiona la  extinción de la acción penal se debe demostrar la acreditación de paz y salvo de la DIAN para que cese la persecución penal.


5 de septiembre de 2012

DELITOS SEXUALES. CONCURSO APARENTE DE TIPOS PENALES. NO SE PUEDE IMPUTAR PROXENETISMO CON MENORES DE EDAD EN CONCURSO CON UTILIZACIÓN O FACILITACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA OFRECER SERVICIOS SEXUALES DE MENORES


Tras recibir varias denuncias, las autoridades de Cartago (Valle) descubrieron una red de prostitución de menores de 18 años de edad. La mujer que la coordinaba fue capturada en flagrancia, mientras le ofrecía a un agente encubierto los servicios sexuales de dos adolescentes.
Para coordinar las citas, la mujer se comunicaba por medio de su teléfono celular con las jóvenes y con sus clientes.
En desarrollo del proceso penal, la capturada aceptó los cargos de proxenetismo con menor de edad y utilización o facilitación de medios de comunicación (telefonía) para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años, por lo que fue condenada a 25 años de prisión.
En sede de casación, la Corte Suprema de Justicia aclaró que, cuando se trata de proxenetismo con menores de edad (Código Penal, art. 213A), el uso de medios de comunicación es irrelevante para configurar la tipicidad objetiva del delito.
El alto tribunal explicó que el artículo 213A no menciona el uso de medios de comunicación para ejercer esa conducta, como lo hace el artículo 219-A, relacionado con la utilización o facilitación de dichos medios para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años.
Por lo tanto, como el primer tipo penal es completo y absorbe los elementos del segundo, no se pueden imputar ambos delitos, ya que se estaría vulnerando el principio del non bis in ídem.
En este orden de ideas, el tipo del artículo 219-A del Código Penal pretende, en la actualidad, sancionar a las personas que buscan obtener favores sexuales con menores de edad, así como quienes actúan como intermediarios de esos contactos, en la medida en que se hayan valido de cualquier medio de comunicación para conseguir tales fines, y no exclusivamente de la Internet o el ciberespacio.


Tomado ambitojuridico.com